Una de las cuestiones que ha ido surgiendo con mayor claridad en estos dos meses es que nuestro debate público demuestra aun serios déficits en su comprensión de algunos principios fundamentales de la convivencia democrática.
Posiblemente el más importante de esas dificultades es la idea, errónea, de que la función policial se enfrentaría a un conflicto ineludible entre la mantención del orden público y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, en un estado democrático no hay ni puede haber un conflicto tal: puesto que la legitimidad del ejercicio de la función policial se deriva de las propias instituciones democráticas, la protección de todos los ciudadanos tiene siempre y a todo evento prioridad sobre la mantención del orden público. Así, cuando la policía se enfrenta a actos criminales como saqueos, barricadas humeantes o destrucción de propiedad pública y privada, su prioridad en la restauración del orden público es justamente el hecho de que la integridad física y moral de sus conciudadanos está en riesgo. Dado que los espacios públicos nos pertenecen a todos por igual, el respeto de la integridad personal de todos los involucrados – manifestantes, transeúntes, propietarios, comerciantes – es condición y no obstáculo para la mantención del orden público: la primera requiere y presupone la segunda. Una democracia no acepta la idea de que hay ciudadanos de primera y segunda categoría y la función policial debe reflejar ese compromiso fundamental de la igualdad ante la ley. Para tener éxito en la contención de acciones violentas, ella debe ser capaz de generar nuevas confianzas con la población civil. Se trata aquí no solo de usar procedimientos y protocolos validados y legítimos, sino de un verdadero programa preventivo para reconstruir confianzas con la población afectada por destrozos y saqueos.