No hay discusión pública sin apelar a argumentos y evidencia que puedan justificarse de manera objetiva o mediante criterios racionales. Se invocan ideas o valores abstractos que tienen el bien común o el interés general como guía, porque ello permitiría convencer a otros(as), así como dejarse convencer uno mismo en el transcurso de la discusión. En el caso de la plurinacionalidad, se apela a un criterio general de justicia que hoy se reconoce (casi) universalmente: las naciones son grupos humanos con derecho a darse sus propias leyes cuando ellas son centrales a la forma en que sus miembros quieren vivir. Si la imposición externa o restricción excesiva de esa autonomía resulta moralmente injustificable, lo que debe dirimirse, entonces, es cómo hacerla compatible con los otros principios generales de un Estado democrático.